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Due diligence inmobiliaria: conozca todos los riesgos antes de firmar

Due diligence legal, fiscal y financiera para adquisiciones de activos y portfolios inmobiliarios en España. Identificación de riesgos, informe ejecutivo y soporte en negociación del contrato.

El problema

Adquirir un activo inmobiliario sin una due diligence rigurosa es asumir riesgos que podrían haberse conocido y gestionado. Las cargas ocultas en el Registro de la Propiedad, los arrendamientos con condiciones desfavorables para el comprador, las deudas con la comunidad de propietarios, los expedientes de disciplina urbanística pendientes, los certificados de eficiencia energética no obtenidos, o las deudas tributarias del vendedor que pueden convertir al comprador en responsable subsidiario son riesgos reales que aparecen con frecuencia en las operaciones inmobiliarias. Un informe de due diligence completo no es un gasto; es la mejor inversión antes de una transacción.

Nuestra solución

En BMC realizamos due diligences inmobiliarias completas que cubren la dimensión legal, fiscal, societaria y, cuando es necesario, urbanística y técnica. Nuestro informe identifica los riesgos existentes, los cuantifica cuando es posible y propone las medidas de mitigación: representaciones y garantías del vendedor, ajuste del precio, constitución de garantías o retenciones de precio hasta resolución de contingencias.

Proceso

Como lo hacemos

1

Revisión registral y situación jurídica del activo

Obtenemos y analizamos las notas simples y certificaciones del Registro de la Propiedad, verificamos la cadena de transmisiones, identificamos cargas (hipotecas, embargos, servidumbres, afecciones urbanísticas, anotaciones preventivas) y analizamos los títulos de propiedad.

2

Revisión contractual

Revisamos todos los contratos que afectan al activo: arrendamientos vigentes (condiciones, renta, duración, opciones de renovación y de compra, garantías del arrendatario), contratos de mantenimiento, contratos de concesión o uso, y cualquier acuerdo que genere obligaciones para el comprador.

3

Due diligence urbanística y administrativa

Verificamos la situación urbanística del activo: clasificación y calificación del suelo, licencias de actividad y de obras existentes, expedientes de disciplina urbanística pendientes, cargas de cesión y obligaciones urbanísticas, y adecuación del uso actual al planeamiento vigente.

4

Due diligence fiscal

Revisamos la situación fiscal del vendedor (persona jurídica) para identificar contingencias que puedan convertir al comprador en responsable subsidiario: deudas tributarias, procedimientos de comprobación en curso, deudas con la Seguridad Social. Analizamos las implicaciones fiscales de la estructura de la operación.

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Due diligence inmobiliaria: la inversión más rentable antes de comprar

En una transacción inmobiliaria de cierta magnitud, el coste de una due diligence rigurosa es siempre inferior al coste de descubrir después del cierre un riesgo que habría podido identificarse y gestionarse antes. Las contingencias detectadas en la due diligence permiten negociar el precio, exigir garantías al vendedor o estructurar la operación para mitigar el riesgo. Las contingencias descubiertas después del cierre solo dan derecho a reclamar daños —cuando el vendedor puede pagarlos.

En BMC realizamos due diligences inmobiliarias para inversores nacionales e internacionales, fondos de inversión en real estate, family offices y compradores corporativos. Nuestro informe es ejecutivo, orientado a la toma de decisiones, con una clasificación clara de los riesgos por relevancia y con propuestas concretas de mitigación para cada contingencia identificada.

Qué revisamos en una due diligence inmobiliaria

La revisión registral es el punto de partida: titularidad, historial de transmisiones, cargas hipotecarias, embargos, servidumbres, afecciones urbanísticas y anotaciones preventivas. Pero la due diligence va mucho más allá del Registro.

Los contratos que afectan al activo son igualmente importantes: un arrendamiento con opción de compra ejercitable por el arrendatario, un contrato de mantenimiento con penalización por resolución anticipada, o una concesión de uso con restricciones sobre la actividad pueden cambiar completamente la valoración del activo o la estructura óptima de la operación.

La situación urbanística del activo —clasificación del suelo, calificación, licencias vigentes, expedientes de disciplina pendientes— puede revelar que el uso actual no está amparado por la licencia vigente, o que existe un expediente de restauración de la legalidad urbanística que obliga a demoler o modificar parte del inmueble.

Portfolios inmobiliarios: due diligence a escala

Para la adquisición de portfolios con múltiples activos, diseñamos un proceso de due diligence escalonado: revisión rápida de todos los activos para identificar los que tienen contingencias relevantes, y revisión en profundidad de estos últimos. Este enfoque permite gestionar el tiempo y el coste de la due diligence de forma eficiente cuando el número de activos es elevado.

De la due diligence al contrato

Los hallazgos de la due diligence tienen un traslado directo al contrato de compraventa. En BMC no nos limitamos a entregar el informe: coordinamos con el equipo de M&A para reflejar las contingencias identificadas en las representaciones y garantías del vendedor, en las condiciones precedentes al cierre y en los mecanismos de ajuste de precio o retención.

Solicite información sobre nuestro servicio de due diligence inmobiliaria para su próxima operación de inversión.

FAQ

Preguntas frecuentes

Una due diligence inmobiliaria completa debe cubrir al menos: (1) situación registral del inmueble (titularidad, cargas, servidumbres), (2) contratos que afectan al activo (arrendamientos, concesiones, opciones), (3) situación urbanística (planeamiento, licencias, expedientes pendientes), (4) situación fiscal del vendedor y estructura fiscal de la operación, (5) deudas con la comunidad de propietarios y con suministradores, (6) certificados obligatorios (eficiencia energética, habitabilidad, ITE si aplica), y (7) en activos en explotación, revisión de las condiciones laborales del personal que se subroga.
El plazo depende de la complejidad del activo y de la disponibilidad de documentación por parte del vendedor. Para un activo residencial o comercial simple, el informe puede entregarse en dos o tres semanas. Para portfolios de activos o activos con complejidad urbanística o contractual relevante, el plazo puede extenderse a cuatro o seis semanas. Es habitual que la due diligence se realice durante el período de exclusividad negociado con el vendedor antes de la firma del contrato de compraventa definitivo.
El vendedor debe declarar y garantizar, entre otros aspectos: que es el propietario legítimo con plenas facultades de disposición, que el activo está libre de cargas y gravámenes salvo los declarados, que no hay litigios pendientes que afecten al activo, que todas las licencias y permisos están en vigor, que el activo cumple la normativa urbanística vigente, y que los contratos de arrendamiento vigentes son los entregados en la due diligence. El incumplimiento de estas declaraciones genera el derecho del comprador a la indemnización de los daños causados.
Cuando se compra un inmueble a una persona jurídica que tiene deudas tributarias pendientes, la Agencia Tributaria puede derivar la responsabilidad al comprador si se cumplen ciertos requisitos: que la transmisión se haya realizado con ánimo de eludir las deudas del transmitente, o que el comprador haya adquirido bienes que en un proceso de ejecución no habrían podido cubrir las deudas. La solicitud al vendedor del certificado de estar al corriente con la AEAT y la Seguridad Social antes de la firma es una medida preventiva básica.
Las contingencias detectadas no tienen por qué impedir la operación. Dependiendo de su gravedad y cuantificación, pueden gestionarse de varias formas: ajuste del precio de compraventa por el importe de la contingencia, retención de parte del precio en una cuenta de garantía hasta que la contingencia se resuelva, obtención de garantías adicionales del vendedor (aval bancario, seguro de título), o exigencia de que el vendedor resuelva la contingencia antes del cierre. Solo en casos de contingencias insubsanables o de cuantía desproporcionada respecto al precio se recomienda abandonar la operación.

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