Derivación de Responsabilidad Tributaria: Proteja su Patrimonio Personal ante la AEAT

La derivación de responsabilidad tributaria es el procedimiento mediante el cual la AEAT exige a un tercero —administrador, socio u otro responsable— el pago de deudas tributarias de la sociedad deudora principal, regulado en los arts. 41-43 de la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT). La responsabilidad subsidiaria del art. 43.1 a) LGT afecta a los administradores de hecho o de derecho de sociedades que han cometido infracciones tributarias graves cuando el administrador no ha puesto la diligencia necesaria para evitarlas. La STS 594/2025 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha precisado los presupuestos que la AEAT debe acreditar, fijando criterios que acotan el alcance de la responsabilidad y que deben invocarse desde el primer trámite de audiencia del procedimiento.

Por qué la derivación de responsabilidad tributaria es el mayor riesgo fiscal personal de un administrador

El cargo de administrador de una sociedad implica una responsabilidad tributaria personal potencial que muchos administradores desconocen hasta que reciben la notificación de inicio del procedimiento de derivación. La AEAT ha incrementado significativamente en los últimos años el número de procedimientos de derivación de responsabilidad como instrumento de cobro cuando las sociedades deudoras son insolventes: la deuda tributaria que la empresa no puede pagar puede exigirse personalmente al administrador que tenía capacidad de decisión durante el período en que se generó.

Los arts. 41-43 LGT regulan tres grandes categorías de responsabilidad: la solidaria (art. 42), que puede exigirse simultáneamente al deudor principal y al responsable; la subsidiaria (art. 43), que solo puede exigirse al responsable una vez declarado fallido el deudor principal; y la específica de administradores en caso de sucesión de empresas (art. 42.1 c). En la práctica, el supuesto más frecuente es la responsabilidad subsidiaria del administrador de una sociedad que no ha ingresado retenciones o el Impuesto de Sociedades a causa de infracciones tributarias (art. 43.1 a) LGT) o en el marco de la disolución o liquidación irregular de la sociedad (art. 43.1 b) LGT).

La STS 594/2025 y la jurisprudencia acumulada del Tribunal Supremo han matizado significativamente el alcance de esta responsabilidad. El Tribunal Supremo ha insistido en que la responsabilidad del administrador no es objetiva ni automática: requiere la acreditación de un nexo causal entre la conducta u omisión del administrador y la infracción tributaria cometida por la sociedad. Un administrador que adoptó las medidas de control interno adecuadas, que supervisó el cumplimiento tributario de la empresa con la diligencia de un ordenado empresario y que no tenía conocimiento de las irregularidades no puede ser declarado responsable, aunque la sociedad haya cometido infracciones.

Nuestro proceso de defensa frente a la derivación de responsabilidad tributaria

El procedimiento de derivación de responsabilidad tiene una estructura procedimental específica con etapas en las que la defensa puede ser determinante. La notificación de inicio del procedimiento es seguida por un trámite de audiencia (art. 174.3 LGT) en el que el presunto responsable puede formular alegaciones y aportar documentación antes de que se dicte el acuerdo de derivación. Este trámite es la primera y más importante oportunidad de defensa: lo que se alegue aquí determina el expediente sobre el que resolverá el TEAR si se impugna el acuerdo posterior.

Nuestras alegaciones en el trámite de audiencia se estructuran en torno a tres líneas de defensa que deben analizarse en cada caso. La primera es la inexistencia de los presupuestos legales de la responsabilidad: si la infracción de la sociedad fue leve (no grave), si el administrador no tenía capacidad de decisión sobre las obligaciones tributarias incumplidas, si el cargo de administrador no estaba vigente durante los ejercicios relevantes o si la sociedad no es insolvente (para la responsabilidad subsidiaria). La segunda es la diligencia del administrador: acreditar que el administrador adoptó las medidas razonables para prevenir las infracciones, supervisó el cumplimiento tributario con la diligencia exigible y no tenía conocimiento de las irregularidades. La tercera es la prescripción o los defectos procedimentales: verificar si el derecho a derivar ha prescrito y si el procedimiento se ha tramitado con las garantías del art. 174 LGT.

Cuando se dicta el acuerdo de derivación de responsabilidad, lo impugnamos ante el TEAR mediante reclamación económico-administrativa con argumentación coordinada con la posición sostenida en el trámite de audiencia e incorporando la doctrina del TEAC y la jurisprudencia del Tribunal Supremo —incluyendo la STS 594/2025— sobre los límites de la responsabilidad tributaria de administradores. Si la resolución del TEAR es desfavorable, continuamos la defensa ante el TSJ mediante recurso contencioso-administrativo tributario.

Marco normativo: arts. 41-43 LGT y STS 594/2025

Los arts. 41 a 43 de la Ley 58/2003 General Tributaria forman el núcleo del régimen de responsabilidad tributaria. El art. 41 define los caracteres generales de la responsabilidad. El art. 42 regula la responsabilidad solidaria, incluyendo los supuestos de participación en infracciones (art. 42.1 a) LGT), sucesión en la actividad empresarial (art. 42.1 c) LGT) y transmisión de bienes para dificultar la acción de cobro (art. 42.2 LGT). El art. 43 regula la responsabilidad subsidiaria, con especial relevancia para los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas (art. 43.1 a) y b) LGT), los representantes de personas físicas no residentes (art. 43.1 d) LGT) y otros supuestos específicos.

El procedimiento de derivación está regulado en el art. 174 LGT: el procedimiento puede iniciarse en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación al deudor principal, debe tramitarse con audiencia al presunto responsable y concluye con un acuerdo que precisa los presupuestos de hecho que determinan la responsabilidad y la cuantía de la deuda derivada. La STS 594/2025 ha consolidado la doctrina de que la responsabilidad del administrador requiere nexo causal probado entre su conducta y la infracción, sin que la mera condición de administrador sea suficiente para generar responsabilidad.

El art. 67.2 LGT regula el cómputo del plazo de prescripción de la acción de derivación: cuatro años desde la finalización del período voluntario de pago de la deuda del deudor principal, con la matización de que las actuaciones con el deudor principal interrumpen la prescripción frente al responsable.

Resultados reales: defensa de administradores frente a la AEAT con jurisprudencia actualizada

• Exclusión de la declaración de responsabilidad mediante acreditación de la diligencia del administrador en el trámite de audiencia previo, evitando la emisión del acuerdo de derivación.
• Anulación de acuerdos de derivación de responsabilidad ante el TEAR mediante la invocación de la STS 594/2025 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los presupuestos de la responsabilidad subsidiaria.
• Reducción de la cuantía derivada mediante la impugnación de las sanciones incluidas en la deuda derivada, que requieren un nivel adicional de acreditación de la participación del administrador.
• Identificación y activación de prescripciones que determinan la improcedencia del procedimiento de derivación cuando el plazo legal de cuatro años ha vencido.
• Coordinación con la defensa de la sociedad en el procedimiento inspector para garantizar la consistencia argumental entre la defensa de la persona jurídica y la del administrador.

La creciente utilización de los procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria por parte de la AEAT como instrumento de cobro ha convertido esta área en una de las de mayor exposición personal para los administradores de empresas con deudas tributarias. La AEAT cuenta con criterios internos de selección de candidatos a la derivación que se activan automáticamente cuando una sociedad deudora es declarada fallida: el administrador que estaba al frente de la empresa en los ejercicios con deudas tributarias impagadas es el primer candidato a recibir la notificación de inicio del procedimiento.

La defensa más eficaz es la preventiva: el compliance fiscal en las empresas con riesgo de insolvencia debe incluir un análisis permanente de la posición fiscal y la adopción proactiva de medidas que acrediten la diligencia del administrador —minutas del consejo, delegaciones de facultades documentadas, supervisión periódica del cumplimiento tributario— antes de que la AEAT inicie el procedimiento. Cuando la empresa ya está en situación de dificultad financiera, la planificación fiscal debe incorporar la dimensión de la responsabilidad personal del administrador como componente de la estrategia de gestión de la crisis empresarial.

En el contexto del concurso de acreedores, la coordinación entre la defensa en el procedimiento concursal y la defensa frente a la eventual derivación de responsabilidad tributaria es imprescindible. Las posiciones adoptadas ante el administrador concursal y ante el juez mercantil tienen trascendencia para los argumentos disponibles en el procedimiento de derivación. Nuestro equipo trabaja en coordinación con los profesionales del ámbito concursal para gestionar estas situaciones complejas de forma integrada.

Fuentes y Marco Normativo

• BOE - Ley General Tributaria, arts. 41-43 y 174
• Tribunal Supremo, Sala Tercera — STS 594/2025
• Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
• Agencia Tributaria (AEAT)
• Ministerio de Hacienda