TRADE: El Estatus Legal que Protege al Autónomo que Depende de un Solo Cliente

El autónomo económicamente dependiente (TRADE) es la figura regulada en los artículos 11 y siguientes de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), que reconoce derechos específicos al trabajador autónomo que obtiene al menos el 75% de sus ingresos profesionales o empresariales de un único cliente principal: derecho al descanso anual de 18 días laborales, interrupción justificada de actividad, preaviso mínimo de 15 días en la extinción del contrato indefinido, indemnización por extinción sin causa justificada, y acceso a la jurisdicción social para resolver conflictos contractuales. La condición de TRADE surge de pleno derecho al cumplirse los requisitos objetivos del art. 11 LETA, pero debe comunicarse al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al cliente principal, y exige la formalización de un contrato escrito conforme al art. 12 LETA. Sin esta formalización, el TRADE queda en una zona de indefinición jurídica que le priva de sus protecciones más valiosas.

Muchos autónomos trabajan durante años en condición objetiva de TRADE sin haberlo formalizado, perdiendo protecciones legales que la ley ya les reconoce y que solo necesitan activar.

Por qué el TRADE es la figura más desconocida y mal utilizada del trabajo autónomo en España

La Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo creó la figura del TRADE para proteger a una realidad muy frecuente: el autónomo que, aunque formalmente independiente, trabaja casi exclusivamente para un único cliente y tiene con él una dependencia económica que lo asemeja funcionalmente a un asalariado, aunque sin las protecciones del derecho laboral ordinario.

La paradoja es que quince años después de la ley, la mayoría de los autónomos que objetivamente cumplirían los requisitos no han formalizado su estatus. Las razones son variadas: el cliente principal no tiene interés en reconocer una dependencia que le genera obligaciones contractuales, el autónomo desconoce la figura, o ambas partes prefieren la informalidad del status quo.

Las consecuencias de esta informalidad son simétricamente negativas para el autónomo: cuando el cliente rescinde la relación, el autónomo pierde su principal o única fuente de ingresos sin preaviso, sin indemnización y sin poder acudir al Juzgado de lo Social de forma ágil. La diferencia entre un TRADE formalizado y uno que no lo está puede ser de decenas de miles de euros en una extinción conflictiva.

Los requisitos objetivos del TRADE según la LETA

El artículo 11 de la Ley 20/2007 establece los requisitos que deben cumplirse acumulativamente para que un autónomo pueda ser reconocido como TRADE:

El umbral del 75% es el criterio central: al menos el 75% de los ingresos por rendimientos del trabajo y actividades económicas del autónomo en el año natural anterior deben proceder de un único cliente. Si es el primer año de actividad, se proyecta sobre los ingresos esperados.

Actividad personal y directa: la actividad debe realizarse de forma personal y directa por el propio autónomo. No puede tener trabajadores por cuenta ajena, ni subcontratar con terceros la actividad que realiza para el cliente principal.

Infraestructura propia: el TRADE debe disponer de medios productivos y materiales propios para el ejercicio de su actividad, lo que lo distingue del trabajador asalariado que usa los medios del empleador.

Criterios organizativos propios: el TRADE organiza su tiempo de trabajo, método y lugar con criterios propios, aunque esté obligado a cumplir plazos y resultados para el cliente principal.

Retribución por resultados: la contraprestación económica está vinculada al resultado o volumen de la actividad, no a una retribución fija independiente de la producción.

El contrato TRADE: obligaciones y protecciones clave

El artículo 12 LETA obliga a que el contrato entre el cliente principal y el TRADE se formalice por escrito. Este contrato no es un simple acuerdo de prestación de servicios: es un instrumento con contenido mínimo obligatorio que incluye las condiciones de actividad, retribución, jornada estimada, descanso anual, interrupciones justificadas y causas de extinción.

Las cláusulas de extinción son las más relevantes desde el punto de vista económico. La ley distingue varios supuestos: extinción de mutuo acuerdo, extinción por causas objetivas justificadas, extinción por voluntad del TRADE con preaviso, y extinción injustificada por parte del cliente principal. En este último caso, el TRADE tiene derecho a indemnización por los daños y perjuicios causados, que en la práctica incluye la pérdida de ingresos durante el periodo necesario para encontrar un cliente alternativo.

La competencia para conocer los conflictos derivados del contrato TRADE corresponde al orden jurisdiccional social — el Juzgado de lo Social — y no a los juzgados civiles ordinarios. Esto es una ventaja práctica significativa para el TRADE: los procedimientos sociales son más ágiles y especializados que los civiles para este tipo de conflictos.

TRADE y la frontera con la relación laboral encubierta

Uno de los escenarios que más preocupa a los clientes principales es que la relación con un TRADE sea recalificada como relación laboral por la Inspección de Trabajo. Esto ocurre cuando la relación real presenta indicios de laboralidad que van más allá de la dependencia económica que define al TRADE: jornada fijada por el cliente, uso exclusivo de medios del cliente, integración plena en la organización del cliente, ausencia de cualquier riesgo económico propio.

Si la Inspección concluye que hay una relación laboral encubierta, las consecuencias son mucho más graves que el reconocimiento del estatus TRADE: cotizaciones retroactivas a la Seguridad Social, abono de los salarios con arreglo al convenio colectivo aplicable, y posibles sanciones administrativas.

La distinción entre TRADE y trabajador asalariado encubierto no siempre es nítida en los casos concretos. Nuestro análisis previo permite identificar los elementos de riesgo y estructurar la relación de forma que quede fuera de la zona de laboralidad, protegiendo tanto al autónomo como al cliente principal.

La relación del TRADE con sus obligaciones laborales y de seguridad social conecta con el compliance laboral y el derecho laboral. En situaciones donde el TRADE y el cliente llegan a un conflicto que no se resuelve extrajudicialmente, el servicio de conciliación laboral SMAC es el paso previo obligatorio antes de acudir al Juzgado de lo Social.

Resultados que puede esperar

• Confirmación del cumplimiento de los requisitos TRADE y comunicación al SEPE
• Contrato escrito conforme al art. 12 LETA que protege al autónomo frente a la extinción unilateral
• Cuantificación y reclamación de indemnización en caso de extinción injustificada
• Defensa frente a recalificación laboral cuando la Inspección investiga la relación
• Claridad jurídica sobre la frontera entre TRADE y trabajador asalariado

Fuentes y Marco Normativo

• BOE - Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA)
• SEPE — Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes
• Ministerio de Trabajo — Registro TRADE
• CGPJ — Juzgados de lo Social