Calificación Concursal: Defensa de Administradores ante la Sección de Calificación

La calificación concursal es la fase del concurso de acreedores regulada en los arts. 442-456 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) en la que el juzgado mercantil determina si la insolvencia del deudor fue generada o agravada por conducta dolosa o gravemente negligente de sus administradores o liquidadores (concurso culpable) o se debió a causas ajenas a dicha conducta (concurso fortuito). La calificación culpable puede acarrear para los administradores afectados hasta tres consecuencias: inhabilitación para gestionar bienes ajenos por 2-15 años, pérdida de los derechos que tuvieran como acreedores del concurso, y — la más grave — condena a pagar con su patrimonio personal todo o parte del déficit concursal (el importe en que el activo del concurso no alcanza para satisfacer todos los créditos reconocidos). BMC, en colaboración con Herrera García Abogados, presta asesoramiento preventivo para reducir el riesgo de calificación culpable y defensa procesal desde el análisis del informe de calificación hasta la resolución de los recursos de apelación.

¿Enfrenta una sección de calificación culpable?

La sección de calificación es el momento en el que el concurso de acreedores se vuelve más crítico para los administradores. Hasta ese punto, el concurso es un procedimiento sobre el patrimonio de la empresa. La sección de calificación es un procedimiento sobre la conducta y la responsabilidad personal de los administradores.

En la gran mayoría de los concursos de PYMES, el activo no es suficiente para pagar todos los créditos reconocidos: hay déficit concursal. Y si el concurso se califica como culpable, ese déficit puede convertirse en una condena personal contra los administradores. No contra la empresa — que ya no tiene patrimonio — sino contra sus administradores con sus bienes propios.

Los factores de riesgo más frecuentes en la práctica que observamos son: el retraso en la solicitud del concurso (la señal de alarma más habitual), las irregularidades contables (depósito tardío de cuentas, diferencias entre la contabilidad y la realidad económica), y las operaciones entre la empresa y sus administradores o sociedades vinculadas realizadas en el período previo al concurso. Ninguno de estos factores implica automáticamente la calificación culpable — todos admiten prueba en contrario — pero requieren una defensa preparada con antelación.

Las presunciones de culpabilidad en el TRLC: cómo funcionan y cómo rebatirlas

El TRLC establece dos categorías de presunciones de culpabilidad en los arts. 443 y 444:

Presunciones absolutas (iuris et de iure, art. 443)

No admiten prueba en contrario. Si se acredita el hecho, el concurso se califica como culpable sin posibilidad de defensa sobre ese punto. Son:

1. Irregularidades contables sustanciales: incumplimiento de la obligación de llevar contabilidad, doble contabilidad, o irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial.
2. Inexactitudes graves en los documentos del concurso: datos significativamente falsos o incompletos en la memoria de la situación, el inventario o la relación de acreedores.
3. Alzamiento de bienes: apertura de la liquidación cuando el activo era insuficiente para pagar los créditos de la masa y los administradores lo sabían o debían saberlo.
4. Salida fraudulenta del activo: en los 2 años anteriores al concurso, operaciones de disposición del activo en fraude de los acreedores (simulaciones, donaciones, transferencias a vinculadas a precio infravalorado).

Frente a estas presunciones absolutas, la defensa no puede consistir en negar el hecho (es iuris et de iure), sino en demostrar que el hecho no concurrió o que la descripción del administrador concursal no es correcta.

Presunciones relativas (iuris tantum, art. 444)

Admiten prueba en contrario. Si el administrador puede demostrar que su conducta estuvo justificada o que actuó con la diligencia del empresario ordenado, la presunción se desvirtúa. Son:

1. Incumplimiento del deber de solicitar el concurso en el plazo legal de 2 meses.
2. Incumplimiento del convenio si el concurso termina con liquidación tras la apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio previamente aprobado.
3. Incumplimiento del deber de colaboración con el administrador concursal o el juez durante el procedimiento.

La defensa frente a la presunción del retraso en la solicitud del concurso es una de las más frecuentes y técnicas: requiere demostrar cuándo se conoció o se debió conocer la insolvencia actual (no la inminente), y qué medidas se adoptaron desde ese momento. Las negociaciones activas con los acreedores durante ese período, documentadas, son el argumento más sólido.

Responsabilidad concursal: cuánto puede exigírsele al administrador

La condena de responsabilidad concursal del art. 455.1.3.ª TRLC puede alcanzar “la cobertura, total o parcial, del déficit”. El juez tiene discrecionalidad para determinar el importe concreto, ponderando la gravedad de la conducta y el nexo causal con la generación o agravación de la insolvencia.

En la práctica jurisprudencial, los factores que determinan si la condena es por la totalidad del déficit o solo por una parte son: la gravedad de la conducta (dolo frente a culpa grave), la contribución real de la conducta a la insolvencia (nexo causal), el comportamiento del administrador durante el concurso (colaboración con la administración concursal), y la situación patrimonial del propio administrador.

Una estrategia de defensa bien diseñada no solo trabaja para evitar la calificación culpable, sino también para limitar el importe de la condena de responsabilidad concursal si la calificación culpable es inevitable en alguna medida.

Inhabilitación: un efecto frecuentemente subestimado

La inhabilitación para administrar bienes ajenos o representar a personas durante 2-15 años es, en muchos casos, más dañina que la condena económica. Un empresario inhabilitado no puede ser administrador de ninguna sociedad durante ese período: no puede dirigir sus propias empresas, no puede ser apoderado de nadie, y el acceso a financiación y a contratos con la administración puede verse seriamente limitado. La impugnación de la sentencia de calificación culpable ante la Audiencia Provincial es especialmente relevante cuando la inhabilitación impide al administrador retomar su actividad empresarial.

Defensa preventiva: lo que se puede hacer antes de la sección de calificación

La defensa más eficaz en la sección de calificación es la que se prepara antes de que se abra. Las medidas que un administrador puede tomar para reducir el riesgo de calificación culpable — o para reforzar su posición de defensa si el concurso es inevitable — son:

• Solicitar el concurso en plazo: documentar el momento exacto en que se conoció (o debió conocerse) la insolvencia actual y actuar dentro de los 2 meses siguientes.
• Mantener la contabilidad actualizada y correctamente formulada: los libros contables bien llevados y las cuentas depositadas son la mejor prueba de la actuación diligente.
• Documentar las negociaciones con acreedores: los intentos de reestructuración extrajudicial previos al concurso, bien documentados, acreditan la buena fe del administrador.
• Evitar operaciones con vinculadas fuera del curso ordinario del negocio: cualquier operación entre la empresa y sus accionistas, administradores o personas relacionadas en los 2 años anteriores al concurso será examinada exhaustivamente.
• Buscar asesoramiento concursal cuando aparecen las primeras señales de insolvencia inminente: la consulta temprana permite reconducir situaciones que podrían derivar en responsabilidad personal.

Para empresas que pueden todavía evitar el concurso, el plan de reestructuración es la herramienta preventiva. Para las que ya están en concurso, la coordinación de la sección de calificación con el convenio concursal y, en su caso, la rescisión concursal requiere una visión de conjunto del procedimiento.

Fuentes y Marco Normativo

• BOE - Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), arts. 442-456
• BOE - Ley 16/2022 de Reforma del TRLC
• CGPJ - Juzgados Mercantiles
• Registro Público Concursal